El Colegio de Abogados alertó sobre la “crisis” del Poder Judicial

A través de un duro informe en el que consignaron una serie de problemáticas que contribuyen a la falta una Justicia “celera, rápida y expedita”, el Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis advirtió la necesidad de que se atiendan los problemas.

El documento presentado ante el Superior Tribunal de Justicia, el Poder Legislativo y el ministerio de Gobierno, Justicia y Culto se fundamenta principalmente en las demoras excesivas que atraviesan los procedimientos.

A lo largo de seis páginas, detallaron los cuestionamientos.

“Es difícil poder definir la situación de la Justicia de San Luis sin hacer uso de vocablos tales como desesperanza, desasosiego o ruina”, inicia el texto firmado por el presidente, Ricardo Valentino; vicepresidente, Flavia Molina Arlandi; secretario General, Maximiliano Agúndez; prosecretario, Juan Vagaria; y los vocales Carlos Williams y Fernanda del Moral.

“Con la escasez de jueces, sistemas de litigación que acreditan la necesidad de más juzgados, el incumplimiento de plazos procesales, la baja calidad de decretos y las vías recursivas que deben abrirse; es claro que quien acude a la Justicia Civil no puede acceder a una Justicia celera, rápida y expedita”, señalaron.

Por un lado, respecto al fuero penal, observaron que los profesionales tienen posiciones opuestas y subjetivas en cuanto al desempeño de los jueces, pero aun así aseguraron que “la sociedad exige cada vez más respuestas” de los mismos y a su vez los profesionales pretenden “mayor capacitación en la materia”.

“La transferencia de personal de otros fueros al fuero penal a nuestro entender equivale a destinar recursos humanos en ausencia de previa capacitación para ello, y así algunos profesionales advierten que aparecen en expedientes penales la incorporación de pruebas que no han sido solicitadas ni por el fiscal ni por el juez”, sostuvieron.

El fuero Civil

En este sentido aseveran que es “innegable” que los cuatro juzgados no pueden responder a los conflictos que se les presentan, incluso certificaron que el solo ingreso de un concurso preventivo de acreedores logra “paralizar todo un juzgado”.

Aquí la mayor crítica se focaliza en los plazos, que según la percepción del Colegio de Abogados “se desvirtúan para cualquier actuación”.

De este modo manifestaron que el juzgado Civil Nº 2 merece una atención especial, ya hay moras de “más de una década”.

“Han fallecido actores o demandados a la espera del dictado de sus sentencias”, señaló la entidad.

También describieron que tanto el sistema digital como el sistema de oralidad no han contribuido a la celeridad de las causas. En este sentido manifestaron que mientras un juez toma audiencias no se encuentra resolviendo causas; y mientras las resuelve “fija calendario de audiencias para cuando humanamente puede tomarlas”.

“No importa el sistema de litigación por el que se opte, puesto que de antaño se sigue manifestando que lo que faltan son juzgados y jueces”, especificaron.

Otra de las controversias refiere a los errores de procedimiento (que se han visto incrementados con el agravante de que se debe abonar la tasa judicial de $625) y la disparidad de criterios en primera y segunda instancia.

“Lastimosamente no se atendieron proyectos de plenarios de cámara que permitan solucionar este tipo de conflictos, lo que se traduce en tener que recurrir al Superior Tribunal abonando sumas superiores a los $20 mil para tratar de casar (recurso de casación) sentencias inferiores contradictorias”, especificaron.

Además, apuntaron contra los juzgados de familia, menores y violencia, donde manifestaron marcar sus deficiencias “hasta el hartazgo”.

“En la actualidad se cuenta con un nuevo juez en materia de violencia a quien se le ha asignado una oficina dependiente del juzgado de Familia 1 que no debe superar los 6 metros cuadrados (…)”, cuestionaron.

Concluyeron el documento con seis declaraciones que instan a la comprensión de la “impostergable necesidad” de crear más juzgados en los fueros civiles, comerciales, laborales y de familia.

También insistieron en equipar con personal idóneo e infraestructura, adecuar las normas vigentes y sumaron la necesidad de designar profesionales en los cuerpos auxiliares del Poder Judicial.

“Entiendan los responsables que, si no son parte de la solución, son parte del problema y la mora es inexcusable. Entiendan que el acceso a la justicia y a la justicia rápida y expedita es un derecho humano; sabiendo que la justicia lenta no es justicia”, finalizaron.